La obligatoriedad en la colegiación de los empleados públicos

Nuevas sentencias del Tribunal Constitucional, recientemente recaídas, relativas a tres recursos de inconstitucionalidad (núm. 1174-2003, núm.1021-2004 y núm. 1022/2004) interpuestos en su día por el Presidente del Gobierno por la dispensa, establecida en leyes autonómicas, de la colegiación de los empleados públicos.

En el Recurso de inconstitucionalidad número 1174-2003 interpuesto contra el art. 17.1 de la Ley de Extremadura 11/2002, de 12 de diciembre, de colegios y consejos profesionales de Extremadura, en concreto contra el inciso "o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquéllas" ha recaído STC, de fecha 28 de febrero de 2013, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de dicho inciso. Dicho artículo establecía 2 causa de exención de la colegiación: para el ejercicio por los empleados públicos de sus funciones (esto es, propias del puesto de trabajo que le corresponde en la organización administrativa) y otra, para la realización de las actividades propias de su profesión siendo esta segunda inconstitucional.

En el Recurso de inconstitucionalidad número 1021-2004 interpuesto contra el art. 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales, que establecía, también, 2 causas de exención de la colegiación. De conformidad con dicho precepto, el personal no necesitaba estar incorporado al colegio profesional correspondiente "para el ejercicio de funciones administrativa, ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión". Con fecha 28 de febrero de 2013 ha recaído STC declarando la inconstitucionalidad y nulidad del inciso "ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión".

En el Recurso de inconstitucionalidad número 1022-2004 interpuesto contra el art. 4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, en concreto contra el inciso "o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas", que igual que en los casos anteriores establecía la exención de colegiación de los empleados públicos, en ambos supuestos. Con fecha 14 de marzo de 2013 ha recaído STC declarando la inconstitucionalidad y nulidad de dicho inciso.

Por tanto, las leyes autonómicas eximían a los empleados públicos de la colegiación en términos similares conteniendo dos excepciones a la regla general de adscripción forzosa. La primera afecta al ejercicio de actividades cuando el empleado público no actúa en el ámbito del ejercicio de una profesión sino en el desempeño de las funciones del cuerpo. La segunda se refiere al ejercicio de una profesión por cuenta de la Administración cuando los destinatarios finales son los ciudadanos.

Las citadas sentencias del TC exponen que:

- Siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria, lo es también para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados, motivo por el cual declara los incisos impugnados inconstitucionales por haber vulnerado competencias estatales.

- Eximir de colegiación a los empleados públicos autonómicos para el ejercicio de actividades profesionales por cuenta de la Administración pero dirigidas a ciudadanos o terceros destinatarios vulnera la competencia que corresponde al Estado, en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.1 y 18 de la Constitución para establecer con carácter básico los supuestos de colegiación profesional obligatoria y sus excepciones, así como la legislación básica estatal en materia de Colegios Profesionales.

- Igual que en la STC 3/2013, de 17 de enero, afirma que "el art. 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, no contiene una excepción a la regla de colegiación forzosa para los profesionales que ejercen su actividad al servicio de la Administración Pública, cuando ésta resulte exigible, pues ello no se deprende del tenor literal del precepto ni obedece al concepto de Colegio Profesional que acogió la LCP de 1974, y que hoy se mantiene para los Colegios Profesionales de colegiación obligatoria". Y añade que "la expresión sin perjuicio del a competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial" no contiene una exclusión del régimen de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos sino, al contrario, una cautela dirigida a garantizar que el ejercicio de las competencias colegiaciones de ordenación de la profesión que se atribuyen, en exclusiva a los Colegios Profesionales y, por tanto, a los propios profesionales, no desplaza o impide el ejercicio de la competencias que, como empleadora, la Administración ostenta sin excepción sobre todo su personal, con independencia de que éste realice o no actividades propias de profesiones colegiadas. Una cautela especialmente necesaria en cuanto que la función de ordenación del ejercicio de la profesión que se atribuye a los Colegios Profesionales en el art. 1.3, no se limita al "ejercicio libre" de la profesión, sino que se extiende "al ejercicio de la profesión" con independencia de que se realice por cuenta propia o ajena" (FJ 6).

Por tanto:
- Es una ley estatal quien debe determinar la colegiación forzosa para el ejercicio de las profesiones y sus excepciones.

- Y, de momento, el art. 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, en su redacción vigente, no exime a los empleados públicos (personal estatutario y personal laboral) de colegiarse cuando realizan las actividades propias de una profesión para cuyo ejercicio se exige colegiación.

Destacados

  • banner-division-clinica
  • banner-division-juridica
  • banner-division-educativa
  • banner-division-social
  • banner-division-PTORH
  • banner-division-deporte



EuroPsy - Psicoterapia

A propósito D...

Revista Psicología

Portada 69

AMC