La obligatoriedad en la colegiación

El Art. 6 de los Estatutos del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, establece la obligatoriedad de la colegiación en la modalidad de ejerciente para todos aquellos que poseyendo la titulación oficial, ejerzan la profesión de psicólogo en el ámbito territorial del Colegio.

Por su parte, el Art. 8 de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de las Cortes de Castilla-La Mancha, de creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, establece que " Los profesionales vinculados con las Administraciones Públicas en Castilla-La Mancha mediante relación de servicios de carácter administrativo o laboral, no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente administrativas, ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de aquellas, cuando el destinatario inmediato de las mismas sea exclusivamente la Administración. Sí será obligatorio, en consecuencia, la colegiación cuando los destinatarios inmediatos del acto profesional sean los ciudadanos o el personal al servicio de la Administración."

La Ley 2/1974 de Colegios Profesionales de 13 de Febrero, impone a diversos profesionales, entre los que se encuentran los psicólogos clínicos, la obligación de colegiarse para el ejercicio de su profesión.

En este sentido conviene recordar la dicción del Art. 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales en la redacción dada al mismo por la Ley 7/1997, de 14 de Abril, según el cual:

"Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente. Cuando una profesión se organice por Colegios Territoriales, bastará la incorporación a uno de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del Estado.

Cuando los colegios estén organizados territorialmente atendiendo a la exigencia necesaria del deber de residencia para la prestación de los servicios, la colegiación habilitará solamente para ejercer en el ámbito territorial que corresponda"

Por su parte, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, modifica la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, sobre la obligatoriedad de la colegiación, señalando en su Art. 5:

Cinco. El artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 3. Colegiación.

1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda.

2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de esta Ley.

3. Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. A estos efectos, cuando en una profesión sólo existan colegios profesionales en algunas Comunidades Autónomas, los profesionales se regirán por la legislación del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional único o principal, lo que bastará para ejercer en todo el territorio español.

Los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional, en beneficio de los consumidores y usuarios, los Colegios deberán utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional surtirán efectos en todo el territorio español."

colegio-de-psicologosLa Disposición transitoria cuarta de la misma Ley 25/2009, de 22 de diciembre sobre la Vigencia de las obligaciones de colegiación, señala que en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.

Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas.

Todo lo cual, nos lleva a concluir:

1.La colegiación obligatoria de todos los psicólogos que mediante relación administrativa o laboral desarrollen su profesión en el ámbito exclusivo de la Administración Sanitaria, así como la colegiación obligatoria de todos los psicólogos que de la misma forma desarrollen actividad principalmente clínica - sanitaria en el ámbito exclusivo de cualquier Administración.

2.No será obligatoria la colegiación para aquellos psicólogos, profesionales-funcionarios que mediante relación administrativa o laboral desarrollen las actividades propias de la correspondiente profesión al margen del ámbito clínico-sanitario, salvo que el destinatario de la actividad sea de forma directa e inmediata el ciudadano.

De todo ello, podría entenderse que bastaría con definir y delimitar el concepto de "funciones puramente administrativas", de "la actividad al servicio de la Administración", el concepto de "destinatario inmediato": la Administración (investigación, programación, actividades administrativas) o el ciudadano (consulta, información, asesoramiento, orientación, intervención, diagnóstico, tratamiento), para establecer el carácter obligatorio o la exclusión de la colegiación. En este supuesto será esencial determinar la naturaleza de las actividades que realiza el psicólogo afectado en cada caso concreto. Se habrá de determinar si, en la concreta actividad que desarrolla, la Administración es suficiente garantía de defensa, control y amparo de los intereses públicos y si el destinatario inmediato de sus servicios es la Administración exclusivamente o lo son los ciudadanos, considerando y valorando en cada caso, como criterio general, la posibilidad de que aunque la actuación repercuta directamente en el ciudadano, el destinatario inmediato de su actuación no sea el ciudadano, sino la Administración, que es en definitiva quien presta el servicio a los ciudadanos aunque lo realice directamente a través de sus empleados públicos.

3.La colegiación obligatoria de aquellos psicólogos que ejerzan su profesión a título privado.

4.Los anteriores criterios de obligatoriedad afectan igualmente a todos aquellos profesionales que, perteneciendo a otros Colegios de ámbito territorial distinto, ejerzan la Psicología en el ámbito territorial de Castilla - La Mancha, salvo que este ejercicio sea ocasional y secundario.

Establecido el criterio de obligatoriedad en la colegiación, de inexcusable cumplimiento en el ámbito territorial del Colegio de la Psicología de Castilla-La Mancha, su Junta de Gobierno quiere dejar constancia de la constatación del reiterado incumplimiento de dicha obligatoriedad mediante la vulneración de las normas legales y estatutarias que han servido de fundamento para establecer los criterios expuestos, así como de la dificultad de su control y la adopción de medidas para su cumplimiento.

Por ello, el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha viene recabando la colaboración de la Administración Sanitaria, en particular, para que promueva una normativa autonómica expresa que contemple la exigencia de la colegiación por parte de la propia Administración, comenzando por la modificación del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, respecto de la exigencia del requisito de acreditación, por parte de los candidatos, de su incorporación al respectivo colegio profesional para el acceso a la condición de personal estatutario fijo o temporal, así como de los deberes exigibles al personal estatutario de los servicios de salud; y al conjunto de las Administraciones Públicas, en general, a fin de que incorpore a cualesquiera de sus actos o contratos, vinculados con el ejercicio de la profesión de Psicólogo en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha (licencias municipales de actividades, declaraciones censales, altas en los distintos regímenes de la Seguridad Social, comunicaciones de aperturas de centros de trabajo, autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, consultas de psicología, contratos, concursos, oposiciones, etc.), la exigencia del certificado de colegiación o el certificado de no estar obligado, expedidos en ambos casos por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla - La Mancha, de conformidad y con fundamento en los criterios y las normativas legales y estatutarias expuestas.

No nos cabe duda de que uniendo a nuestro esfuerzo en el cumplimiento de la normativa que nos afecta, la actitud responsable de los profesionales de la psicología y la imprescindible colaboración de las Administraciones Públicas, conseguiremos el fin último de conjugar los derechos del colectivo que representamos con la defensa, el control y el amparo de los intereses públicos.

Nuevas Sentencia del Tribunal Constitucional, recientemente recaídas, relativas a tres recursos de inconstitucionalidad (núm. 1174-2003, núm.1021-2004 y núm. 1022/2004) interpuestos en su día por el Presidente del Gobierno por la dispensa, establecida en leyes autonómicas, de la colegiación de los empleados públicos.

La Justicia confirma que la baja colegial sólo es posible tras acreditar el cese de la actividad profesional.

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